136,122 pesos imponen de fianza a preso político zapatista de Toniná

La más reciente ofensiva contrainsurgente contra los zapatistas de Toniná inició el 13 de abril de 2008, el arqueólogo Juan Yadeum Angulo, funcionario de la zona arqueológica, que en los hechos se comporta como si fuese el dueño y señor feudal
21.Dic.2015 | Autoría: Centro de Medios Libres | Fuente: Centro de Medios Libres

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 18 de diciembre de 2015.- 136, 122 pesos fue la multa pagada por los familiares del base de apoyo zapatista José Alfonso Cruz Espinosa, dueño del predio en San Antonio Toniná donde se ubica la Zona Arqueológica de Toniná, para poder salir en libertad bajo caución tras permanecer arbitrariamente preso 10 días en el penal de El Encino. El 1 de enero de 1994 dicho predio se ubicó dentro del territorio recuperado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional tras la insurrección. Desde entonces empezó la ofensiva contrainsurgente del gobierno mexicano que instaló un campamento militar en la zona, tras cuya instalación vendrían los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia a gritar con sus hechos “Mueran los indios vivos y vivan los indios muertos”, reivindicando así la política cultural nacional impulsada primeramente por el gobierno de Porfirio Díaz.

La más reciente ofensiva contrainsurgente contra los zapatistas de Toniná inició el 13 de abril de 2008, el arqueólogo Juan Yadeum Angulo, funcionario de la zona arqueológica, que en los hechos se comporta como si fuese el dueño y señor feudal, en complicidad con la directora del museo Julisa Camacho Ramírez iniciaron las presiones para exigirle al zapatista José Alfonso Cruz Espinosa que venda su predio de San Antonio Toniná. Desde entonces los recursos judiciales en su contra no han cesado y han empezado a realizar obras ilegalmente encima del territorio zapatista.

El 20 de diciembre de 2012 al iniciar su gestión como gobernador de Chiapas Manuel Velasco Coello anunciaba la cancelación de la orden de aprehensión contra el base de apoyo zapatista Alfonso Cruz Espinosa, en comunicación pública afirmaba “Con tales acciones, el Gobierno del Estado reitera su compromiso de respeto y contribución decidida a la distensión, en orden a un clima de tolerancia y paz.” Vemos que esas declaraciones del gobernador son pura palabrería, dado que la orden de aprehensión no solo no estaba cancelada, sino que fue ejecutada el 10 de noviembre de 2015 violándole sus derechos al debido proceso al mantenerlo incomunicado y sin derecho a que lo defendieran sus abogados.

También observamos cómo las investigaciones arqueológicas son usadas como parte del esquema de contrainsurgencia contra las comunidades zapatistas en Chiapas.